El acto perpetrado contra los 600 cantantes que fueron expulsados de la Sagrada Família por, según parece, sospecharse que podían cantar “Els segadors” y exhibir esteladas, fue un acto que vulneró tres derechos fundamentales. Uno, contra la libertad de expresión, que —como establece el TEDH— incluye la expresión de las opiniones placenteras para las autoridades, pero especialmente aquellas que las contradicen y que les son molestas.
En segundo lugar, el derecho a la libre circulación de las personas, ya que permanecieron encapsulados hasta que la policía lo consideró oportuno, lo que también implicó un acto degradante contra estas personas.
Desde hace tiempo, los Mossos encapsulan a determinados manifestantes, con eufemismos como, por ejemplo, decir que están “perimetrados”. No se puede retener a los ciudadanos, y menos a la conveniencia de la policía, bajo sospecha injustificada y tampoco razonada.
Estas actuaciones de la policía han sido analizadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia del TEDH del 8 de febrero de 2024 Auray y otros c. Francia, en la que analiza la práctica policial de los encapsulamientos, y la declaró ilegal.
El tribunal establece que son contrarias y vulneran los artículos 2 del protocolo núm. 4 sobre el derecho de libre circulación y el artículo 11 sobre el derecho de asociación con relación al 10, de libertad de expresión, del Convenio Europeo de los Derechos Humanos.
El TEDH establece que el margen que da a los Estados de limitación del derecho de manifestación está muy restringido, y solo se puede fundamentar en hechos de peligro grave de violencia contra los bienes o las personas, lo cual no tenía ningún sentido con la actitud pacífica de los cantantes.
En aquel caso enjuiciado por el tribunal, este creía que la medida podría ser justificada, ya que se trataba de una gran concentración de miles de personas en la que se tenía la certeza de que se podrían producir disturbios graves. Pero considera que, a pesar de todo, vulneró el Convenio Europeo por el hecho de que las medidas solo están justificadas en el caso de peligro comprobado y cierto de violencia, además de que esta medida restrictiva del derecho de circulación esté regulada en una ley.
El encapsulamiento no es una herramienta que la policía pueda utilizar cuando le convenga para confinar a las personas que se manifiestan cuando considera que estas no actúan según sus deseos
En nuestro caso, en Catalunya no existe ninguna norma aplicable que establezca la posibilidad de realizar encapsulamientos, los cuales suponen la retención involuntaria de personas. Además, debe ser una norma restrictiva y que establezca las condiciones que tienen que darse, tal como dice la jurisprudencia del TEDH, en casos absolutamente excepcionales, en cumplimiento de lo dispuesto en el protocolo 4, artículo 2, del Convenio; de lo contrario, se vulneran los artículos 10 y 11 de libertad de expresión y manifestación.
Los cantantes que fueron discriminados al ser expulsados del concierto en el que estaban actuando y, por lo tanto, fueron vejados, actuaban pacíficamente y, por lo tanto, la policía no tenía ningún motivo para expulsarlos del mismo —y menos para justificar su encapsulamiento— y, por lo tanto, vulneró gravemente sus derechos fundamentales.
El encapsulamiento no es una herramienta que la policía pueda utilizar cuando le convenga para confinar a las personas que se manifiestan cuando considera que estas no actúan según sus deseos. Como una herramienta para “ordenar” las manifestaciones a la carta. Tampoco para “prevenir” que —en su libertad de expresión y de protesta— puedan incomodar, en este caso, a las autoridades reales o eclesiásticas. La libertad de expresión se ejerce libremente, y los que son las máximas autoridades son los que deben consentir en recibir quejas y críticas, más que cualquier otra persona. No existe un derecho del rey, el Santo Padre o el señor obispo a que la policía impida que la ciudadanía pueda expresar su opinión, crítica o no, ante su presencia, y esto la policía catalana parece que no lo ha entendido bien, como se vio en los dispositivos reales de Sant Martí Vell o de Montserrat.
Hay que denunciar las prácticas policiales abusivas que el cuerpo de Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional llevan a cabo de forma reiterada en los últimos tiempos, totalmente injustificadas, ya que deben cumplir la ley teniendo en cuenta las interpretaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha dejado bien claro en diversas sentencias que esta práctica es ilegal, ya que no está justificada en ninguna ley. Y que, de todas formas, solo sería justificada en caso de que las personas encapsuladas estuvieran relacionadas con situaciones de hechos graves de violencia, para evitar daños mayores y siempre sobre la base de unas garantías que supongan una aplicación muy restringida.
Aquí no hay ninguna ley que lo prevea, y en los hechos donde se suele aplicar —y especialmente en el caso de los cantantes—, supone una violación masiva que afectó a 600 personas en su derecho a la libertad de expresión, la libertad de circulación y a la dignidad de las personas, lo que es inaceptable y un hecho delictivo, ya que las fuerzas policiales no pueden vulnerar, y menos que nadie, los derechos humanos.
También es un hecho grave que desde la Junta de la Sagrada Familia se haya justificado el trato degradante dispensado a los cantantes que actuaban de manera desinteresada en la conmemoración.
Por lo tanto, debemos esperar que se investigue y se castigue a los responsables y deje de ser una práctica ilegal que la policía parece tener como normal.
Josep Cruanyes i Tor es abogado
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